29 Noviembre 2012.

Los delincuentes de la policia autonómica catalana condenados por TORTURAS en la Audiencia Provincial de Barcelona en el año 2008 a tres de ellos a seis años y siete meses de prisión, a otro a dos años y tres meses de prisión y al quinto a seis meses de prisión los cuatro primeros no quieren ir a la cárcel y en un acto de cobardía sin igual han pedido el indulto final al Gobierno de España que sin verguenza y con todo descaro lo ha concedido en un acto de fraude y de abuso de la facultad de la institución del indulto que tiene, suponiendo además una afrenta grosera e intolerable para el Poder Judicial y la defensa de los derechos humanos.

Así doscientos jueces de toda España han reprochado al Gobierno Central el indulto concedido a los cuatro Mossos d'Esquadra criminales para evitarles su ingreso en prisión. En su manifiesto al efecto titulado "El indulto como fraude", en el que destacan por su relevancia y prestigio la vocal del Consejo General del Poder Judicial Margarita Robles y el magistrado del Tribunal Supremo Joaquín Giménez García, se expresa en defensa de la independencia judicial y la dignidad que "conceder un indulto en estas circunstancias supone realizar un uso grosero y desviado de la institución y al instrumentalizar el indulto para la consecución de fines ajenos a los que lo justifican, el Gobierno dinamita la división de Poderes y usurpa el papel del Poder Judicial, trasladando a la judicatura un mensaje inequívoco de desprecio al situarla en una posición subordinada en el orden constitucional".

Además, en el mismo se dice que "la actuación del Gobierno en este caso supone un menosprecio a los miles de agentes de policía que en todo el Estado cumplen a diario con sus funciones democráticas, de defender y promover los derechos fundamentales de la ciudadanía, por lo que este indulto parece incentivar comportamientos que deben ser expulsados de cualquier cuerpo policial". También, "el indulto supone una actuación contra la dignidad humana al incumplir la obligación que incumbe al Estado de perseguir cualquier acto de tortura, sobre todo cuando es realizado por agentes a su servicio". Asegurándole inequívocamente que "el indulto implica afirmar la falta de necesidad de la ejecución de la pena y sólo se justifica cuando su cumplimiento no desempeñe finalidad preventiva, resocializadora o retributiva alguna, o cuando resulte desproporcionada". Finalmente, los jueces firmantes creen que "no existe motivo razonable alguno para un indulto como el que el Gobierno ha concedido, ya que los hechos declarados probados son muy graves y contrarios a la dignidad humana y los derechos humanos inviolables".

Este defensor de la ley, el derecho y el humanismo poco más debe añadir a lo expresado por los jueces en su manifiesto contra la irresponsabilidad y prevaricación del Gobierno español, pero si para terminar hace hincapié en la cobardía extrema de unos policías autonómicos de Cataluña que por criminales de torturas no han tenido los bemoles para cumplir su condena de cárcel, tal como los tuvieron para violar y burlar la Ley y el Derecho.

Crisoldeltiempo.
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